Divorcio ¿Qué es y cómo se tramita?

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El Bufete Abogado Amigo cuenta en Salamanca con un equipo Abogados expertos en procesos de Familia con amplia trayectoria y experiencia en la tramitación de procedimientos de divorcio o separación, custodias compartidas o monoparentales, ejecución de alimentos o modificación de medidas. Nuestros abogados le acompañarán en los momentos más difíciles de su ruptura. Además nuestros abogados actúan en Zamora, Ávila Segovia, Valladolid, Palencia y León, cubriendo así las necesidades en la mayoría de la región de Castilla y León.

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Con el término “matrimonio” se pueden designar tanto el acto de contraerlo como la existencia de una relación ya constituida entre dos personas. De este modo, considerado como acto, el matrimonio se puede calificar de contrato, pero por otro lado también pueda llamarse matrimonio al estado o situación duradera que surge de dicho contrato.

Dada esa dualidad, lo que se conoce como divorcio también podrá verse siempre desde una doble vertiente: el cese de la relación conyugal y demás relaciones personales entre los dos miembros de la pareja (lo cual afecta al matrimonio como estado o situación duradera y estable), y el aspecto legal de dicha ruptura y sus consecuencias (el divorcio entendido como finalización del “contrato” y la regulación de sus consecuencias).

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Puede por tanto definirse el divorcio como un procedimiento por el cual se pone fin al matrimonio como estado o situación duradera y estable ente los cónyuges y por el cual se disuelve el vínculo entre ellos. Como se trata de una disolución total del vínculo, los ex cónyuges, con el estatus de “divorciados” adquirido tras el debido proceso, podrán contraer matrimonio con otras personas libremente.

Es importante recordar que en el derecho español todo matrimonio ha de ser inscrito en el registro Civil y tiene efectos legales entre los propios cónyuges y frente a terceros, ya se haya celebrado ante una autoridad civil (juez, alcalde, concejal, notario…) o eclesiástica.

En cualquiera de estos casos el divorcio es un procedimiento que pone fin al matrimonio y disuelve el vínculo, siendo regulado por normas imperativas contenidas en el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil y de posible aplicación tanto a matrimonios civiles como religiosos. Frente a él, hay otras opciones que ponen fin sólo a un matrimonio religioso, como la nulidad ante los tribunales eclesiásticos. Dado este carácter más restrictivo de nulidad canónica del matrimonio, vamos a centrarnos en hablar del divorcio, de más amplia aplicación.

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En la actualidad hay varias vías para obtener el divorcio de un matrimonio. Puede hacerse en un procedimiento judicial (ante el juez o ante secretario judicial, según los casos) instado por uno de los cónyuges, por ambos conjuntamente o uno con el consentimiento del otro, o bien tramitar el divorcio ante notario. No obstante, esta última opción sólo es posible siempre que no existan en el matrimonio hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de los progenitores. También es importante reseñar que a pesar de que la función notarial en el extranjero la ejercen , por disponerlo así la ley, los funcionarios diplomáticos y consulares, entre sus competencias están excluidas la separación y el divorcio.

Es necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la fecha en que se contrajo matrimonio, y que junto a la demanda de divorcio se acompañe un documento que recoja las normas que regularán en el futuro las relaciones de los ex cónyuges. Ese documento, pilar fundamental del proceso de divorcio, recibe el nombre de “convenio regulador”.

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¿Qué ocurre si estamos ante un caso de derecho internacional? ¿Se aplican estas mismas normas?. En estas situaciones, la separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho Internacional privado, por lo que sería necesario un estudio de cada caso concreto y de sus circunstancias (nacionalidad de los contrayentes, lugar de celebración, lugar de residencia habitual del matrimonio etc) para determinar cuál es la ley aplicable al proceso de divorcio y si los tribunales españoles tienen jurisdicción sobre la materia, con arreglo a los criterios que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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